La sociedad civil marroquí rezuma indignación; las redes sociales rezuman indignación; la prensa rezuma indignación. El indulto real concedido, el martes, a un pederasta español condenado a treinta años de cárcel ha causado un enorme revuelo en Marruecos.
Desde la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) hastaTouche pas à mon enfant, una ONG de defensa de la infancia, pasando por el Movimiento 20 de Febrero, que protagonizó la tímida “primavera árabe” marroquí, han convocado mañana viernes una manifestación en Rabat, ante el Parlamento.
La gracia real a este pederasta es “una medida que favorece la impunidad”, declaró Ahmed el Haij, presidente de la AMDH, al diario digital marroquí Lakome. “El 30 de julio será uno de los días más crueles de nuestra historia porque ese día el Rey de Marruecos ha indultado a un pederasta que violó y filmó en varias ocasiones a once niños de nuestro país”, escribe el columnista Driss el Ghaib. Los abusos sobre menores constituyen un tema muy sensible en Marruecos cuyas autoridades hacen esfuerzos para erradicar el turismo sexual.
D.G.V, de 64 años, fue condenado en 2011 por el tribunal penal de Kenitra, al norte de Rabat, a 30 años de cárcel por abusos sexuales sobre once niños y niñas de entre 3 y 15 años. Debía además indemnizar a seis de sus víctimas, a las que había grabado en posiciones obscenas, con 4.800 euros cada una. El reo, profesor de universidad, se instaló en Kenitra en 2005 donde mantenía buenas relaciones con sus vecinos para cuyos hijos organizaba fiestas infantiles. “Se aprovechó se la precariedad de las familias”, señalaba la sentencia condenatoria. La detención y el veredicto tuvo tanto eco que
la televisión Medi 1 le dedicó un reportaje de 50 minutos que emitió en hora de máxima audiencia.
Con motivo de la Fiesta del Trono, que conmemora su entronización, el rey Mohamed VI indultó, total o parcialmente, a 1.044 presos, 48 de ellos españoles. El palacio real emitió un comunicado explicando que durante su reciente visita a Rabat don Juan Carlos había pedido al monarca alauí que concediese “su gracia a 48 ciudadanos españoles condenados por diferentes tribunales del Reino”, casi todos por tráfico de droga. Al conocer, el martes, el indulto el Rey de España llamó al soberano marroquí para agradecerle “profundamente” su gesto, según informó la Casa del Rey.
“Contra una gracia real no se puede recurrir”, explica desolado, al teléfono, Hamid Krayri, abogado de algunas de las víctimas de Kenitra. “Los bienes del reo en Kenitra han sido incautados y están en venta”, añade. “Confiemos en que se consiga así suficiente dinero para indemnizar a los padres de sus pequeñas víctimas”, concluye.
Mohamed Benjedou, el letrado del pederasta, reconoció, por su parte, que el reo “se sorprendió” de estar entre los beneficiarios de la gracia real. D.G.V. acudió el miércoles al tribunal de Kenitra para recuperar su pasaporte, que le había sido incautado, y, al estar caducado, se presentó hoy en el Consulado de España en Rabat para solicitar un documento con el que cruzar la frontera española. El portavoz del Gobierno marroquí, Mustafa el Khalfi, y el ministro de Justicia, Mustafa Ramid, declararon esta tarde que D.G.V, había sido extraditado a España. El Gobierno español no había solicitado su extradición por lo que difícilmente pudo ser extraditado.
En la gestión que hizo a mediados de julio ante Mohamed VI, don Juan Carlos solo dio el nombre de un preso –Antonio García Vidriel, de 58 años, con problemas de salud- y no pidió el indulto sino su rápido traslado a España para que siguiera cumpliendo su condena, según fuentes diplomáticas españolas. El monarca se mostró además confiado, ante su anfitrión marroquí, en que éste fuese generoso con los presos españoles cuando, dos semanas más tarde, se celebrase la Fiesta del Trono.
La lista de los presos indultados ese día, entre ellos los 48 españoles, ha debido de ser elaborada, como suele ser habitual en Marruecos, por el Ministerio de Justicia, que dirige el islamista Mustafa Ramid, y la Administración penitenciaria, que depende del primer ministro, el islamista Abdelilá Benkiran. A la hora de ponerla a punto se tiene en cuenta la edad del preso, su buen comportamiento y los años que le faltan para acabar de cumplir su condena. D.G.V. tenía aun 28 años por delante. A continuación Mohamed VI suscribe la lista que le someten.
Catorce de los 48 reos españoles indultados no podrán salir de la cárcel hasta que hayan abonado la multa que han sido condenados a pagar a la aduana marroquí a menos que no puedan demostrar que son pobres de solemnidad y no poseen recursos
Francisco confiesa a un joven en el parque de Quinta Da Boa Vista (Río de Janeiro) el pasado 26 de julio. / OSSERVATORE ROMANO / HANDOUT (EFE)Estimulado por la afirmación del papa Francisco en favor de los gais, el sacerdote brasileño, Roberto Francisco Daniel, excomulgado por el obispo de la diócesis de Bauru (Estado de São Paulo) por haber defendido públicamente a los gais y criticado la postura de la Iglesia al respecto, ha decidido acudir a la justicia.Autor del libro Verdades prohibidas, que acaba de salir en Brasil, el sacerdote de 48 años ha puesto un recurso a la justicia civil contra la excomunión que le obligó a dejar el ejercicio sacerdotal el pasado mes de abril.“Me trataron como a un adolescente. Fui expuesto públicamente. No me dieron ni el derecho a la defensa”, afirma el sacerdote al diario Folha de São Paulo, y señala que su denuncia no es contra la Iglesia Católica sino contra la diócesis que lo excomulgó por sus ideas sobre los gais en la comunidad cristiana.Por su parte, los responsables por su excomunión afirman que el sacerdote negó lo que había prometido en su ordenación: "fidelidad al magisterio de la Iglesia y obediencia a sus legítimos superiores”, palabras que reflejan el viejo lenguaje inquisitorial eclesiástico.Por su parte, el sacerdote no había querido retractarse de sus afirmaciones en defensa de los homosexuales. Ahora coloca a sus superiores de entonces frente a la reciente afirmación del papa Francisco: ”Si una persona es gay y busca a Dios, ¿quién soy yo para juzgarla?”, que confirmarían lo que él defendía cuando fue excomulgado y por lo que fue alejado de su parroquia.“Quiero ahora denunciar que ninguna institución, ni siquiera la Iglesia, debe tratar a una persona como me trataron a mi”, afirma.Según los acuerdos entre el Vaticano y el gobierno de Brasil, la Iglesia está obligada a acatar las leyes del país. Por ello, si la justicia diera razón al sacerdote contra la diócesis se plantearía la espinosa cuestión de si deberá o no el obispo levantar la excomunión que pesa sobre el sacerdote.
