Una víctima de los saqueos pide indemnización al Estado
La familia de Luciano Damián Carrizo, de 23 años, quien fue asesinado el 21 de diciembre durante los incidentes que se produjeron en Rosario, presentó una demanda contra la provincia por 750 mil pesos.
De la redacción de El Litoral
politica@ellitoral.com
Corresponsalía Rosario
La familia de un joven que fue asesinado durante los saqueos que se produjeron en Rosario durante fines de 2012 demandó al Estado provincial por la suma de 750 mil pesos al plantear que la bala que hirió de muerte el 21 de diciembre a Luciano Damián Carrizo, de 23 años, fue disparada por un policía. Aníbal Rodríguez, abogado patrocinante de Cristina Alanís, madre del muchacho, planteó hoy a la mañana que en la presentación que hizo en tribunales que el disparo que mató a Luciano Carrizo provino de un móvil policial que se había estacionado sobre Circunvalación a la altura de avenida del Rosario.
Luego de que la policía informara que Carrizo había muerto por un impacto de bala en el tórax en uno de los saqueos a supermercados ocurridos entre el 20 y 21 de este mes en Rosario, Cristina Alanís dijo en una entrevista publicada por el diario La Capital que a su hijo “lo mataron durante la madrugada del viernes cuando estaba con su hermana y sobrinos viendo cómo se armaba un piquete en Circunvalación a la altura de Avenida del Rosario, a varias cuadras del supermercado. Allí paró un vehículo, disparó primero al aire y luego sobre la gente: le pegaron a él. Mi hijo no era ningún delincuente”.
La mujer aseguró que la bala que entró en el cuerpo de su hijo y salió, hirió luego en una pierna a una vecina del barrio de nombre Cintia. Ese dato, según dijo hoy el abogado Rodríguez, es clave en el marco de la causa porque determinaría con un peritaje que ese proyectil pertenecía a un integrante de las fuerzas de seguridad provincial. “El chico se encontraba observando lo que sucedía. No estaba solo, había un tumulto de gente en la esquina de Avenida del Rosario y pasaje Catalina Manso, en la zona sudoeste de la ciudad a media cuadra de avenida Circunvalación. En un momento se acercaron policías que para dispersar comenzaron a los tiros. Un disparo atravesó a mi cliente e hirió a una mujer”, relató Rodríguez.
Durante esos días tumultuosos de finales de 2012, fallecieron cuatro personas en los incidentes que se produjeron durante los intentos de asaltos y saqueos a los supermercados.
Otra demanda
La demanda de una de las víctimas se suma a otra que ya presentó un comerciante contra el Estado provincial. Uno de los supermercadistas afectados por los saqueos que se produjeron a fines de diciembre presentó una demanda judicial en la que solicita al Estado un resarcimiento económico de 250 mil pesos. Se trata de Blas Contreras, el comerciante de 26 años que fue filmado mientras resistía en la puerta de su local de Ovidio Lagos al 4000 el ataque de alrededor de 80 personas que intentaban violentar el súper.
Contreras defendió el negocio y a su mujer embarazada a los piedrazos, y luego de tanta exposición recibió custodia policial. La abogada Yamila Miranda explicó que el resarcimiento es por “el deber de Seguridad que tiene el Estado de impartir resguardo y además por las amenazas que recibió varias veces frente a su negocio que le decían que si volvía a abrir lo iban a saquear”.
Sesiona el Consejo Provincial de Seguridad
“La idea es explicar los cambios que se van a implementar en materia de seguridad, y el decreto que empezará a regir en los próximos días que establece los ascensos por concurso del personal policial”, sostuvo el ministro de Seguridad Raúl Lamberto antes de ingresar a la sede de la gobernación de Rosario, donde se realizó una nueva reunión del Consejo Provincial de Seguridad, del que forman parte el gobernador Antonio Bonfatti, la intendenta Fein, el ministro de Seguridad, entre otras autoridades. Participaron, en representación del Concejo Municipal, el presidente Miguel Zamarini y el titular de la Comisión de Seguridad, Osvaldo Miatello.
Un engranaje fundamental de la reestructuración en la policía serán los ascensos del personal policial por concurso. A los jefes policiales se les exigirá la realización de cursos y capacitación para poder presentarse a los concursos (los de mayor jerarquía serán orales), cuyo jurado estará integrado por representantes del Ministerio de Seguridad, un policía de dirección de jerarquía superior a la del postulante a propuesta del jefe de Policía, un funcionario de la cartera de Educación, un representante del Poder Judicial designado por la Corte Suprema de Justicia, un representante del área de Derechos Humanos y un policía en actividad elegido entre sus pares. ‘El objetivo es jerarquizar al personal policial valorando los esfuerzos en la capacitación y profesionalización”, explicó Lamberto a El Litoral.
En la reunión, la Secretaría de Delitos Complejos brindó un informe de actuación desde que fue creada, mientras que la secretaría Administrativa y Financiera presentará el programa de equipamiento e infraestructura aplicando los fondos que genera la Ley de Emergencia.
En el marco del plan de trabajo de prevención y acción en seguridad ciudadana, la intendenta Mónica Fein y los presidentes de Bloque del Concejo Municipal mantendrán reuniones hoy y mañana con la Cámara de Apelaciones Federal y la Corte Suprema de Justicia Provincial respectivamente.
Magistratura
Maria Eugenia Bielsa, Roberto Mirabella y Mario Lacava sostuvieron que “el proceso de selección de jueces retrocede en la autolimitación del gobernador”
Los diputados salieron al cruce de las declaraciones a El Litoral del ministro de Justicia Juan Lewis (13/2) , en las que afirmó que el proceso de selección de jueces establecido en el Decreto 3904/12 fue consensuado con legisladores justicialistas.
“Desde el momento que el Poder Ejecutivo retiró de la Legislatura los pliegos proponiendo el nombramiento de fiscales y defensores en noviembre del año pasado, jamás fuimos invitados a ninguna reunión por parte del ministro”, afirmaron.
Sostuvieron que el decreto “es más de lo mismo. No institucionaliza el Consejo de la Magistratura integrado por magistrados, abogados, académicos y otros sectores del quehacer judicial” y tampoco “modifica sustancialmente el sistema de puntaje, con lo cual se sigue privilegiando la formación académica teórica del postulante por sobre su experiencia profesional o funcional”.
Consideran que la norma “agrava” los aspectos negativos del sistema, “al otorgar al Poder Ejecutivo mayor discrecionalidad en la designación de funcionarios judiciales, ya que el jurado examinador no podrá establecer un orden de mérito entre los concursantes. A partir de este decreto los nombres los elegirá el gobernador”, concluyeron.
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